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Noticias de Iberoamérica
Bolivia gana tiempo con el referendo petrolero
Los intereses financieros internacionales que quieren repartirse a Bolivia tendrán que esperar un poco más. Fracasaron los intentos de fragmentar al país con el pretexto del referendo del 18 de julio sobre el futuro de las reservas de gas y petróleo, el cual tuvo lugar de forma pacífica y con resultados en general favorables para el Gobierno. Eso es de celebrar; aunque los resultados no resolvieron nada, el país ganó tiempo.
El presidente Carlos Mesa había dicho que renunciaría de perder el referendo o de triunfar el sabotaje de quemar las boletas, como amenazó hacerlo Felipe Quispe, de la facción de productores de coca ligada a los nazis. Sin ninguna alternativa institucional para asumir el gobierno del país, los únicos ganadores hubieran sido los carteles sinarquistas de la minería, el gas y las drogas, que quieren apoderarse del país. Su intención de fragmentar a Bolivia en al menos dos “naciones”, según las ventajas comparativas de “exportación” —una, petróleo y gas; la otra, drogas— la anunciaron desde junio los amigos neoconservadores de Dick Cheney del American Enterprise Institute en su revista Latin American Outlook, en un “guión” firmado por Mark Falcoff.
Un golpe a la piratización
El futuro de Bolivia depende de cómo y con qué fin use y administre sus reservas de hidrocarburos. El cálculo de las reservas probadas y probables de gas natural asciende a más de 52 billones de pies cúbicos, las más grandes de Iberoamérica luego de las de Venezuela. Los carteles estaban encantados con las privatizaciones hechas en la primera presidencia del representante de la compañía Rio Tinto Zinc, Gonzalo Sánchez de Lozada (1993–97), y hasta babeaban al comenzar su segundo período en 2002.
Durante el primer período presidencial de Sánchez de Lozada, su Gobierno vendió el control mayoritario de las compañías estatales de Bolivia a multinacionales extranjeras por una bicoca. Después de las privatizaciones, los piratas de la energía contemplaban un plan de saqueo total, según el cual Bolivia tendería un gasoducto hacia algún puerto del Pacífico, peruano o chileno, en donde se establecería una procesadora de gas para producir gas natural licuado (GNL). De ahí se transportaría hacia el norte de México, donde se utilizaría para generar electricidad que se vendería a los estados del sudoeste de los Estados Unidos.
En 1997, cuando tomó posesión como presidente Hugo Banzer, le explicó al presidente chileno Ricardo Lagos que ese plan significaba que Bolivia recibiría 400 millones de dólares por su materia prima, mientras que el país con el puerto, Chile o Perú, recibiría 1.500 millones de dólares por licuar el gas. “¿Cómo le puedo yo explicar esto a mi pueblo?”, le preguntó Banzer.
Al iniciar su breve segunda presidencia, Sánchez se decidió por un lucrativo acuerdo con Chile —en vez del Perú— y un consorcio de multinacionales encabezado por la British Petroleum y la compañía española Repsol, bajo el cual Chile recibiría la concesión para producir el GNL.
Esto generó una oposición generalizada, de la cual se apoderó el aparato financiado por los cocaleros identificados en la región andina como “los amigos de Blas Piñar”: Evo Morales, Felipe Quispe, etc. Las protestas de masas de octubre de 2003, en gran parte dirigidas contra las multinacionales, echaron abajo sus planes. Esto obligó al despreciado presidente a renunciar y huir del país. El vicepresidente Carlos Mesa asumió la Presidencia, pero con muy poco capital político.
Se enfrentó a un país polarizado entre un movimiento sindical radicalizado y los productores de coca que querían derrocarlo —como a Sánchez de Lozada— si exportaba el gas sin satisfacer las necesidades nacionales, y las provincias que producen el gas —como Santa Cruz y Tarija—, que amenazaron con hacer sus propios acuerdos con las multinacionales de no recibir una mayor tajada de los ingresos de los recursos nacionales. El referendo fue un intento de adquirir la fuerza suficiente para gobernar.
La votación tuvo un resultado decisivo: el rechazo a la privatización de la industria estatal del petróleo y del gas por una mayoría abrumadora. Más del 86% de los votantes aprobó la derogación de la ley de hidrocarburos de Sánchez de Losada. Más del 92% votó por el principio de que el petróleo y el gas pertenecen al Estado boliviano y no a intereses privados. Más del 87% votó a favor de fortalecer la casi desaparecida empresa petrolera estatal YPFB. Un 62% votó a favor de que Bolivia exporte gas como parte de una política nacional de fomento industrial, financiada con un aumento a los impuestos y regalías de esas exportaciones.
Rescate de los ‘recursos estratégicos’
El pasado 27 de julio, el presidente Mesa ofreció una conferencia magistral organizada por la Escuela de Altos Estudios Nacionales de las Fuerzas Armadas, en donde destacó que el Estado debe girar hacia un mayor protagonismo en el mercado y recuperar el concepto de “recursos estratégicos”, el cual se perdió en la visión liberal de la economía en ámbitos como el energético, donde Bolivia cifra grandes esperanzas de desarrollo.
El modelo económico vigente desde 1985, expresó, no respondió como se esperaba y no logró una distribución de la riqueza de manera equilibrada, ni generar condiciones de vida adecuadas para los ciudadanos. “Estos resultados objetivos nos obligan a girar hacia una mayor presencia estatal que recupere la capacidad de planificación, la capacidad de intervención y la capacidad de estímulos que el Estado debe tener en áreas económicas claves, que recupere una palabra que ustedes conocen muy bien: el sentido estratégico de determinados recursos naturales”, le dijo a los asistentes a la conferencia titulada “Sociedad Boliviana y Dignidad”.
El concepto de “recursos estratégicos”, idea fundamental del nacionalismo revolucionario, explicó, fue “desechada” por la visión liberal bajo la lógica de que limita el crecimiento y frena la inversión externa. Hay que recuperar este concepto, reiteró, y el resultado del referendo apunta en esa dirección.
La trampa de la constituyente
Sin el poder económico ni político para renacionalizar la industria de una vez por todas, el Gobierno procura restablecer el principio del control nacional de los recursos, fortalecer la empresa petrolera estatal, y elevar las regalías al nivel de 50% que tenían antes de la privatización. Pero sin rescindir los contratos ya firmados, con la esperanza de que las multinacionales no saquen los 3.500 millones de dólares que han invertido en Bolivia, y negocien nuevos contratos.
Por otro lado, en la misma conferencia en la Escuela de Altos Estudios las Fuerzas Armadas, Mesa abordó el tema de la asamblea constituyente al que se encamina el proceso político boliviano. En ese orden de ideas, el presidente Mesa pidió a las Fuerzas Armadas no cerrar el debate sobre las autonomías regionales, “porque es hora de preguntarse si esta propuesta no es la mejor forma de garantizar la unidad nacional, tarea fundamental de esta institución”.
“Puede ser que la respuesta sea sí o no; lo que no puede ser es que cerremos nuestra cabeza al debate. Yo creo que las autonomías son una respuesta que Bolivia necesita, pero también estoy plenamente dispuesto a escuchar a quien diga no, esto es riesgo”, añadió.
Mesa reconoció que el tema es “sensible” para la institución castrense, dado que algunos sectores sostienen el criterio —correcto— de que ese proceso implica un “grave riesgo” de división o separación, considerando que “una de las tareas fundamentales de las Fuerzas Armadas es preservar la unidad nacional”. Pero insistió que la unidad nacional es una premisa en la que coincide con la institución castrense y el resto de los bolivianos. “Sería la peor de las desgracias y el peor de los fracasos que una gestión determinada llevara a la fragmentación de Bolivia”, expresó.
La pinza sinarquista
Pero la idea de las autonomías no nace precisamente del seno de la sociedad boliviana. Los intereses financieros sinarquistas que dominan el cartel de los hidocarburos insisten el el guión publicado en Latin American Outlook con el título de “¿Últimos días de Bolivia?”, donde Falcoff plantea: “De seguir las tendencias actuales, pudiéramos ver la primer alteración de envergadura en el mapa político sudamericano en más de cien años”.
Según Falcoff, Bolivia se desintegrará en cualquier momento debido a sus diferencias raciales y geográficas “quizás irreconciliables”, en dos países: las áreas montañosas exportadoras de coca, dominadas principalmente por indígenas, y las tierras bajas productoras de gas natural, dominadas por gente de raza “europea”.
La única manera de evitar la desintegración del país, según amenaza Falcoff, es que el Estado boliviano acepte “descentralizar” el gobierno y el control de los recursos naturales. Es decir, si el gobierno nacional entrega la gestión del gas y cualquier otro recurso natural a los departamentos provinciales —cuyos gobiernos locales las multinacionales suponen más fáciles de dominar— puede permitírsele a Bolivia seguir teniendo un gobierno nacional.
Falcoff fue a promover la idea a Chile, en donde le dijo a los periodistas que “la República de Santa Cruz (Bolivia) tendrá relaciones absolutamente normales con Chile”. ¡Como si hablase a nombre del Gobierno! Más aun, sentenció que si el gobierno de Brasil reconocía a “esta nueva república”, Argentina no tendría más remedio que hacer lo mismo.
Aunque la gran mayoría de la población está en contra del separatismo, ya hay movimientos regionales en favor de la autonomía que hablan de los recursos naturales como si fuesen propiedad de la región y no de la nación boliviana. A fines del mismo junio, luego de que Falcoff hiciera sus declaraciones a la prensa chilena, comenzaron las manifestaciones de decenas de miles de personas por las calles de Santa Cruz en contra del “centralismo”, encabezados por líderes que, en vez de enfrentar el hecho de que el moribundo sistema financiero internacional es el que ha saqueado a Bolivia hasta el tuétano, pelean entre sí por una porción mayor de recursos nacionales cada vez menores, y culpan al Gobierno central cuando no la consiguen.
Éste no es el único flanco para dividir a Bolivia que fomentan los intereses financieros internacionales. El cocalero favorito de los financieros, Evo Morales, alega que el resultado del referendo significa la nacionalización plena ya, y que si no ocurre, su gente regresará a las calles.
En cualquier caso, Morales cuenta con sus promotores en Washington. El director general de la firma Kissinger–McLarty Associates, el coronel retirado del Ejército de los EU Stephen Donehoo, planteó en un foro en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos en Washington, D.C., que los EU necesitaban una nueva política hacia los cocaleros, y que deberían entrar en contacto con Evo Morales y su partido MAS, para incluirlos en las discusiones en torno al futuro de Bolivia.
Según fuentes bien informadas en Washington, Donehoo está haciendo su trabajo para llevar a Morales a los EU, lo cual requiere que el Departamento de Estado suspenda la prohibición de concederle una visa, misma que pesa sobre el dirigente cocalero debido a sus relación con el narcotráfico y la principal fuerza narcoterrorista del continente, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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